La formación de una represa por desechos arbóreos sobre la parte montañosa de la Vereda La Nevera, el detrimento de las vías que comunican las zonas rurales, la explotación desmedida de maderables, el daño ambiental, la deformación del cauce en los nacimientos hídricos y conflictos sociales al interior de los centros poblados, son entre otras, las preocupaciones de la comunidad que se ha manifestado con voz de alerta frente a una posible tragedia como la que acabó con gran parte de la ciudad de Mocoa en Putumayo, la misma que puede ocurrir sobre zona rural del municipio de Palmira, Valle del Cauca, a raíz de las operaciones de tala de árboles que realiza Smurfit Kappa Cartón Colombia, industria que goza de todos los permisos ambientales para operar, avalados por ICA, entidad que deja en entredicho el estricto cumplimiento de las normas ambientales que ‘restringen’ la siembra y tala de árboles sobre aproximadamente 40 metros de distancia entre la zona de siembra y las laderas de los ríos.

A esta conclusión llegó Harvey Lozano Grueso, un activista preocupado por el medio ambiente que –a pie- ha recorrido las zonas donde se realiza la denominada ‘práctica cultural’ que desde los años 90 se ha interesado por el atractivo de los recursos ambientales patrimonio del municipio.

La zona montañosa donde se cultiva el eucalipto grandis, especie australiana que llegó a Colombia a mediados del siglo XIX y el árbol de pino, estuvo custodiada celosamente por las escuadrillas paramilitares del Bloque Calima y a su turno, por la guerrilla de las Farc, grupos que de manera directa no le dieron libertad de operación a las industrias privadas encargadas de la explotación de los recursos, lo que paradójicamente protegió la explotación desmedida de la tala y siembra de los árboles, pero que con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, han tenido libre albedrio para explotar las zonas de cultivo amparados en el supuesto beneficio que trae para el ecosistema la siembra del eucalipto y la protección que el mismo le garantiza a las cuencas y fuentes hídricas de la región, como así también lo determinó la Universidad Nacional, sede Palmira, en una publicación el pasado 11 de noviembre del 2015

Desde este punto de partida se puede concluir el inconfesable interés de las grandes industrias privadas, especialmente las que dependen del agro, en apoyar la firma del Proceso de Paz entre el Gobierno y las Farc, y no yendo tan lejos, el apoyo del Ingenio Manuelita S.A.S al emplear un total de 70 excombatientes de las filas del grupo guerrillero. ¿Altruismo o un interés particular?

Esta preocupación no es ajena a los ojos del campesino palmirano como testigo cercano y doliente de la problemática, los mismos que se sensibilizan por el campo y quienes sienten que el eco de su voz de protesta se reduce frente al poderío de la industria maderera.
Una promesa en el olvido.

Sin lugar a dudas, la explotación no es el único problema que subyace sobre las zonas rurales, sino también el detrimento que trae consigo el transporte diario de más de 8 toneladas que se extraen de materia prima y que a su paso deteriora la capa asfáltica (Vía Calucé, Potrerillo a Palmira), en la cual desde hace más de 20 años comprometió a la industria en mejorar las vías campesinas y otras promesas como generar empleo, desarrollo y que se convirtieron en todo lo contrario: Pobreza, desolación, la migración de la fauna en la zona y desaparición de numerosas quebradas. A esta problemática se suman acciones casi nulas, implementadas y poco ‘replanteadas’ por el gobierno nacional para evitar la tala desmedida.

Lo anterior describe las consecuencias y los graves daños sobre el ecosistema que provocaran la extinción total de bosques nativos y fértiles, entre otros recursos forestales en Palmira y en el país por falta de una política rígida de protección de los recursos que se direccionan más en generar progreso para las industrias en asocio con la clase política, que en generar políticas de paz que genere para el campesino oportunidades de progreso con la apropiación de mayor numero de monocultivos o pequeñas unidades de negocio.

La explotación desmedida, avalada por la CVC, corporación administrada bajo decisiones totalmente discutibles, se han limitado a beneficiar prioritariamente los estamentos que conforman su máximo órgano rector, que a promover el mejorestar del campo.

Consecuencia de lo anterior se han ocasionado varias tragedias a raíz de la temporada invernal como la creciente del río Nima el pasado 20 de marzo de 2017 que afectó la bocatoma San Emigdio, principal afluente que abastece el acueducto del casco rural y urbano de Palmira y que dejó a la ciudad por dos días sin el servicio del líquido vital. La palizada destruyó viviendas rurales y ocasionó daños considerables en las plantaciones agrícolas y se identificó la magnitud del daño ambiental que desemboca en los ríos, puesto que el problema principal de la avalancha sobre el río Nima se produjo como consecuencia de los desechos de madera que caen al río (hojas, ramas y tallos perfectamente cortados), es decir, los restos del árbol tronco que no son útiles para Cartón Colombia y que son arrojados al suelo, los mismos que poco a poco se van direccionando a las laderas de los ríos y que forman obstrucciones con lodo y piedra sobre la formación de ‘cañones’, alimentando el taponamiento que va creciendo como una ‘ola de nieve’ hasta reventar.

Las autoridades ambientales están trabajando para destruir estos taponamientos que paulatinamente pueden ocasionar un mayor riesgo para la comunidad, pero esta práctica extractiva de maderables seguirán originando nuevos riesgos para el ecosistema a tal punto de provocar – la segunda avalancha del Nima- 

Luis Felipe Pérez

Especial Dos Caras.